La seguridad: del dolor a la acción
El secuestro y asesinato de la niña Candela conmovió hasta lo más hondo a la sociedad argentina. Todos seguimos con ansia y con esperanza los días de su desaparición, esperando que fuera encontrada sana y salva, y nos impactó su terrible muerte. El caso del joven Maximiliano en la ciudad de Casilda es otra muestra de violencia en la sociedad, con situaciones distintas pero con igual destino: la muerte.
Los gobernantes estamos obligados a reflexionar, no sólo a describir los problemas y dar muestras de solidaridad. Tenemos que conmovernos, pensar y proponer soluciones. Y luego actuarlas.
Sobre el tema específico del secuestro y desaparición de personas insisto con un concepto que surge de la experiencia internacional: lo que importa allí no es la cantidad de efectivos, sino la alta especialización, la calidad de la intervención policial. Hay que formar de inmediato una unidad centralizada y coordinadora antisecuestros a nivel nacional. Más aún para que esta unidad especializada sea realmente efectiva debe existir confianza por parte de la sociedad a las instituciones policiales en su conjunto, ya que es esa confianza la que garantiza que la policía reciba información para esclarecer los delitos, desde los más simples a los más complejos.
Pero este tema doloroso pone nuevamente en la agenda la inseguridad. No es un problema de las encuestas, es una conversación obligada en cualquier encuentro con la gente. Lo primero que tenemos que hacer los políticos y gobernantes es reconocer que el problema existe y afrontarlo como una prioridad.
La seguridad pública requiere un abordaje integral y no puede ser considerado un tema sólo policial. Hay que ser severos con el delito y con las causas, de lo contrario nunca saldremos del círculo vicioso. Nadie que no haga demagogia puede proponer un país sin delincuencia, lo que hay que lograr es reducir los índices actuales, invertir la tendencia y dirigir los esfuerzos de manera integrada a aquellas zonas donde se concentra la inseguridad.
A partir de allí viene muy bien recordar un dicho popular: el pescado se pudre por la cabeza. Para aplicar una enérgica política de seguridad pública, severa con las causas pero sobre todo con el delito y en particular contra las grandes mafias de la droga, el lavado de dinero que distribuyen por todo el país una red de delito sobre delitos, arriba hay que tener una gran autoridad moral, una gran transparencia.
Cuando en una sociedad o en una parte importante de la sociedad se instala la idea de que la honestidad es negociable o que hay cosas previas y más importantes además de ser una realidad terrible, se transmite el peor de los mensajes. Vale todo o casi todo.
El otro elemento que debemos encarar es la necesidad de comprometer a toda la Nación en esta batalla. Nadie por si sólo puede hacer retroceder la inseguridad. Debe ser uno de los temas centrales de un gran diálogo nacional. Un diálogo donde nadie se haga el sordo y el sabelotodo. Y ese es un problema político.
Necesitamos elaborar un adecuado mapa del delito, en su distribución en la geografía nacional y en el tipo de delitos y complementarlo con encuestas de victimización períodicas y estudios cualitativos. Necesitamos estadísticas e información independientes y creíbles. No dibujadas. La lucha contra el delito exige mucho rigor.
Sobre la base de ese mapa que hay que actualizar en forma permanente y muy profesional, disponiendo de un observatorio independiente y creíble, hay que coordinar mucho mejor la acción de las fuerzas de seguridad y de las políticas de inclusión social a todos los niveles. Para eso hace falta voluntad política, mecanismos técnicos y un programa de seguridad ciudadana nacional. Esto debe comprometer a todos los cuerpos de seguridad del Estado: Policía Federal, policías provinciales, Gendarmería, Prefectura, Policía Aérea. Y debe comprometer también a trabajar coordinadamente a las áreas sociales, educativas, culturales, de empleo y salud de los tres niveles estatales.
Y respecto de las policías provinciales y las fuerzas de seguridad nacionales hay cinco niveles que debemos potenciar:
Gestión democrática de las instituciones de seguridad. Todo gobierno tiene la responsabilidad de ejercer la conducción civil y estratégica de las policías, que supone el pleno control de la institución. Para que las políticas de seguridad sean eficientes y legales se requiere de un sistema policial estrictamente subordinado a las directivas de seguridad formuladas por las autoridades gubernamentales.
Mejorar la formación profesional de los diversos efectivos de los cuerpos de seguridad a todos los niveles y de acuerdo a los cambios que se han operado en la sociedad en general y en el delito en particular. Esta formación, además brindar calidad técnica, debe promover valores éticos para que las prácticas policiales se ajusten a los parámetros de derechos humanos,
Amplia utilización de la tecnología a todos los niveles.
Formar o reforzar los equipos especializados, por ejemplo en secuestros, en lucha contra el narcotráfico, delitos informáticos y de guante blanco. Mejorar la coordinación nacional entre las fuerzas de seguridad nacionales y las policías provinciales.
A todo eso hay que agregarle una política penitenciaria y post penitenciaria adecuada, porque obviamente durante un periodo crecerá el número de presos y nuestro objetivo debe ser la rehabilitación y no sólo el castigo. Pero no tengan duda de que crecerá hasta que logremos revertir las causas del delito y eso lleva un tiempo.
A nivel legislativo, se están discutiendo algunas leyes – como la ley contra la trata – que contribuyen a confrontar el delito, pero tenemos que ir a fondo con cambios relacionados con mejorar la persecución de la criminalidad compleja. Esto en tanto los delitos comunes están asociados a la acción de redes delictivas, y a importantes mercados de armas ilegales, de lavado de dinero, de drogas y de comercialización de autopartes robadas, que aumenta los riesgos para la vida y la integridad de las personas. Para ello, además es necesario que los poderes ejecutivos en coordinación con los ministerios público fiscales, provinciales y federal, dirijan sus esfuerzos hacia la desactivación de estas redes de delito y de los mercados ilegales que las sustentan. Una adecuada persecución judicial de la criminalidad compleja con leyes que la hagan posible, y acompañada de políticas integrales de inclusión social, es una política capaza de reducir la violencia del delito común en el corto plazo.
El Frente Amplio Progresista tiene una completa elaboración no sólo a nivel nacional, en su programa que presentaremos el próximo 22 de setiembre, sino en las principales áreas metropolitanas del país.
Es una reflexión, propuestas, pero lo importante y urgente es escucharnos, dialogar y encontrar soluciones. Es un reclamo de todos.
